El Gobierno nacional ha venido concentrando recursos, tanto que ni siquiera transfiere a las provincias el piso mínimo de 34% de los recursos de la Administración Central, como obliga la Ley 23.548 de coparticipación. También es cierto que las provincias administran los sistemas públicos de Educación, Salud, Seguridad y Justicia, que son la base esencial de la igualdad de oportunidades en el territorio argentino. Asfixiadas entre estas obligaciones y la centralización de recursos en el Tesoro Nacional, su situación fiscal viene en deterioro.

El Programa de Política Fiscal de CIPPEC elaboró un documento en el que se asevera que se deben destinar más recursos a las provincias para promover un desarrollo más equitativo en la Argentina; y se afirma que con la propuesta de coparticipar la totalidad del impuesto al cheque que circula en la oposición se agravaría aún más la problemática.

“Con esta propuesta de la oposición se lograría aumentar en un 12% los recursos que van a las provincias por el sistema de coparticipación. Oferta que parece muy atractiva para las provincias y para quienes quieren disminuir la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo maneja la gran caja nacional. Pero distribuir con los coeficientes vigentes de la distribución secundaria, sólo aumentaría la desigualdad en el país. Simulando cuánto le habría llegado a cada provincia (per cápita) si se hubiese coparticipado el impuesto al cheque en 2009, las beneficiadas son las de siempre: Tierra del Fuego, Santa Cruz y Catamarca. En cambio, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Misiones habrían sido las menos favorecidas”, señaló Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC.

En el documento, además, CIPPEC recomienda algunas propuestas superadoras como crear un fondo que se distribuya mejor y tenga en cuenta la cantidad de población o las necesidades básicas insatisfechas; y mejorar la distribución del Presupuesto Nacional.

“El impuesto al cheque es el peor impuesto para mejorar la coparticipación. Es un impuesto que estimula la informalidad y la verticalización en la producción, por lo que debería disminuirse o eliminarse. El impuesto ideal para repartir sería el Impuesto a las Ganancias. Incluso se podría devolver a las provincias la detracción que se hizo para financiar al entonces deficitario sistema de Seguridad Social”, explicó Díaz Frers.