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Miércoles 14 de noviembre de 2018
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Media sanción a la ley de quiebras
La Cámara de Diputados aprobó por 178 a 47 votos el proyecto de la ley de quiebras, cuya sanción es clave para apuntalar las negociaciones del gobierno con los organismos internacionales en búsqueda de una asistencia financiera
10 de mayo de 2002
El dictamen de la comisiones de Presupuesto y Legislación General cosechó votos del justicialismo, el radicalismo, el Interbloque Provincial y el cavallismo, y fue rechazado por el ARI, el Frente para el Cambio, Polo Social, Izquierda Unida y Autodeterminación y Libertad.

Los puntos centrales de la ley que se aprobó en general esta noche la Cámara de Diputados son los siguientes:

* Los plazos para suspender las ejecuciones serán de 180 días corridos a partir de la vigencia de la presente ley.

* Se elimina el artículo 11 de la ley 25.563 que suspendía por los 180 la apertura del proceso de quiebra.

* Los acuerdos homologados se deberán cumplir desde el 30 de junio del 2002, es decir que no tendrán las prórrogas dispuestas en la ley sancionado en febrero último.

* Se reinstaura el mecanismo conocido como "cram down" por el cual un acreedor o un tercero pueden comprar la empresa.

* El nuevo mecanismo de cram down permitirá al deudor poder competir fuera del plazo de exclusividad, que es el periodo que el dueño de la firma quebrada podrá haber una oferta para renegociar su pasivo.

* El precio de la empresa se calculará por su cotización en el mercado y no por el valor contable, y se tendrán en cuenta los bienes intangibles.

* El plazo de exclusividad del deudor se extenderá entre 90 hasta 120 días, en lugar de 180 días como se proponía en la ley 25.563.

* Los acreedores no podrán hacer una oferta menor que la realizada por el deudor en el periodo de exclusividad.

* El juez deberá homologar los acuerdos entre acreedores y deudores, siempre que no se trate de una propuesta abusiva.

En el último tramo del debate, el presidente del bloque del justicialismo, Humberto Roggero, fustigó en duros términos la actitud de Alicia Castro y Luis Zamora, a quienes comparó con los escándalos televisivos que protagonizan Guido y Silvia Suller. Criticó a aquellos que "transformaron en un escenario ridículo a la Cámara de Diputados" donde se "montó una obra cuyo director fue Pino Solanas y nosotros fuimos actores de reparto de esta ridiculización del Congreso".

La oposición a esta iniciativa fue expresada por los partidos que conforman el conglomerado de centroizquierda, el Bloque Alternativa por una República de Iguales (ARI), el Frente para el Cambio, Izquierda Unida, Partido Fiscal, Polo Social, y Autodeterminación y Libertad y algunos radicales, como Melchor Posse. De esta manera, la Cámara de Diputados avanzó sustancialmente en uno de los puntos claves del acuerdo firmado entre el presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores, y que apuntan a facilitar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El proyecto acorta los plazos para la suspensión de ejecuciones, reduce el período de exclusividad, reinstaura el sistema por el cual un acreedor o un tercero puede asumir el control de la empresa conocida como "cram down", y otorga facultades al juez para la homologación de los convenios.

Uno de los puntos que aún faltaba dirimir y que será motivo de la discusión en particular es la propuesta para eximir de la ley a las empresas periodísticas, sobre el cual no existe consenso en el justicialismo ni en el radicalismo, y se repite la misma situación planteada en la ley antimonopolio.

El tratamiento de la ley de quiebras que se inició cerca de las 13 avanzó lentamente y la monotonía de la sesión sólo se vio alterada por un fuerte encontronazo entre diputados del PJ y de Izquierda que derivó en un escándalo, cuando Alicia Castro colocó una bandera norteamericana en el estrado del presidente del cuerpo.

El justicialismo y el radicalismo justificaron la sanción de la ley en la necesidad de restablecer el crédito y en equilibrar la relación del deudor y acreedor, mientras que desde la izquierda se criticó que la Argentina acepte esta ley como "una imposición del FMI".

El presidente de la Comisión de Legislación Penal que emitió despacho, el justicialista cordobés Eduardo Di Cola, debió defender el propósito de las modificaciones a la ley y en este sentido se basó en que "la ley que vamos a sancionar es superadora de la anterior" vigente en la actualidad. En el plano político, Di Cola aseguró que "no estamos legislando en favor de otros intereses y voy a demostrar cuando analicemos los artículos que los principios de la ley se cumplen en su totalidad".

Los artículos que más resistencia despertaron fueron los referidos al "crawn down", por el cual se abre un período para que la empresa en quiebra pueda capitalizarse y continuar su actividad, y la excepción a las "industrias culturales" -los medios de comunicación se consideran como tales-.

Por su parte, el radical Benjamín Nieto Brizuela anticipó que el bloque de la UCR votará en general a favor de la ley, aunque consideró que "se han apresurado los tiempos del debate de esta modificación para la ley 25.563".

El radical Leopoldo Moreau fustigó a los partidos de centroizquierda que dijeron en sus discursos en que la Argentina estaba "sumida a las exigencias del FMI" y dijo que "lo que se debe es analizar si esta ley de quiebra puede impedir que se produzca un desequilibrio" en el país.

En tanto, el arista Héctor Polino dijo que "estamos sancionando una ley bajo el efecto de la presión que viene de afuera y que se visualizó en un acta firmada por los gobernadores" y ratificó que el bloque del ARI "no aceptamos ningún tipo de imposición porque eso mutila nuestra voluntad y nuestra soberanía como nación independiente".

A su vez, la arista Marcela Rodríguez dijo que "el ARI votará en contra porque esta norma no garantiza la continuidad de la empresa ni de la continuidad de trabajo de los trabajadores".

El líder del Interbloque Provincial, Alberto Natale mostró su satisfacción por la modificación de la ley de quiebras y recordó que advirtió de los "efectos nocivos de esta ley", como "lo hizo" cuando se aprobó "el fin a la convertibilidad y la paridad cambiaria".

A su vez, la presidente del Frente para el Cambio, Alicia Castro aseguró que con "el acuerdo de que sin el FMI no sería posible restablecer el funcionamiento económico, se vuelven aceptar las condiciones impuestas por los organismos internacionales" y señaló que el objetivo "del sector financiero mundial es quedarse con la economía de muchos países".

El diputado de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, denunció que desde los organismos internacionales "se quieren llevar tierra a cambio de deuda" y que la única "disputa entre ellos es si se la quedan el capital europeo o norteamericano" y se preguntó en qué parte del reglamento del FMI "se autoriza a reclamar las leyes de quiebras y subversión económica".