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Lunes 20 de noviembre de 2017
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Scioli ya tiene su primera ley
El Senado aprobó el proyecto sancionado un día antes por los Diputados, que modifica la composición ministerial del gobierno bonaerense.
15 de noviembre de 2007
El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires aún no asumió y ya cuenta con la primer ley que demandaba. El Senado aprobó la ley de Ministerios que había votado el miércoles la Cámara baja, y lo hizo a libro cerrado y sin debate.

La nueva norma mantiene los ministerios de Economía, Justicia, Seguridad, Salud, Infraestructura, Trabajo y el de Desarrollo Humano que pasará a denominarse de Desarrollo Social. Fusiona además la Jefatura de Gabinete con el Ministerio de Gobierno, cargo que ocupará el todavía legislador porteño Alberto Pérez, y el de Asuntos Agrarios y Producción que estará bajo la órbita de Débora Giorgi.

La normativa establece que de los 11 ministerios que funcionan en la actualidad, queden diez, al fusionarse Asuntos Agrarios y Producción.

La Jefatura de Gabinete se unirá al ministerio de Gobierno, mientras el resto de las carteras seguirán tal cual están, aunque con algunos cambios de denominación.

Según se ha informado, el futuro gabinete de Scioli estará así formado: Alberto Pérez será jefe de Gabinete y Gobierno; Débora Giorgi quedará al frente del nuevo ministerio de Asuntos Agrarios y Producción; ministro de Economía será Rafael Perelmiter; Justicia, Ricardo Casal; ministro de Seguridad, Carlos Stornelli; Salud, Claudio Zin; la cartera de Desarrollo Humano pasará a ser Desarrollo Social, y quedará en manos de Daniel Arroyo; Obras Públicas se llamará de Infraestructura y será encabezado por la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez; el Ministerio de Trabajo será para Carlos Cuartango; y por último, la Dirección General de Cultura y Educación, será para Mario Oporto.

El proyecto mantiene las actuales Secretaría General y de Derechos Humanos, eleva a rango ministerial la Asesoría general de Gobierno y desdobla en dos la actual secretaría de Turismo y Deportes.

También establece que funcionarán como lo hacen actualmente la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación que tiene rango constitucional.