Por Pablo Winokur

Gran parte del caudal político que cosechó Néstor Kirchner, tras las elecciones de 2003 -cuando asumió la presidencia con sólo el 22% de los votos- se basó en haber leído alguno de los reclamos de la ciudadanía y transformarlos en políticas públicas: la reactivación de las causas por los derechos humanos, la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia, reubicar a la educación como una política de Estado, aumentos salariales, congelamiento de tarifas de servicios públicos… Se puede debatir mucho sobre si fueron acertadas o no cada una de esas medidas, pero lo cierto es que fueron demandas sociales que le permitieron a Kirchner posicionarse en torno a la opinión pública. Sin embargo, desde la crisis en 2001 existió un tema que el Gobierno K no supo, no pudo o no quiso resolver: la reforma política.

De hecho, algunas de las estrategias electorales de Kirchner profundizaron el descreimiento en los partidos políticos: algunos mecanismos como las denominadas “colectoras” o “listas sábanas horizontales” generaron mucha confusión en parte del electorado. En los últimos días se conoció un informe de la Cámara Nacional Electoral que consigna que en la Argentina existen 703 partidos políticos, de los cuales 34 tienen rango nacional. Ese fenómeno que algunos politólogos denominaron “inflación de partidos” tuvo su auge luego de 2001, cuando la ciudadanía reclamaba: “Que se vayan todos” y pedía por nuevos espacios para participar y presentarse a elecciones. Eso generó una proliferación muy importante de partidos, que luego no movieron el amperímetro en las elecciones.

Incluso, si se observa el informe que se puede encontrar en el sitio web de la Cámara Electoral (http://www.pjn.gov.ar/), se puede ver que existen varios partidos que cuentan con menos de diez afiliados: por ejemplo en la provincia de Buenos Aires hay 67 partidos de los cuales cinco tienen menos de 10 afiliados; en la Ciudad (también con 67 partidos) hay 15 que no llegan a las dos cifras de afiliados.

Por todo esto, algunos legisladores están volviendo a pensar en que es necesario generar mecanismos para fortalecer a los partidos y generar una limpieza: que sólo subsistan aquellos que tienen una base de votantes y afiliados. Uno de ellos es el diputado peronista Jorge Landau, quien presentó tres propuestas al respecto. Hasta ahora no hubo opiniones del Ejecutivo al respecto, y no hay propuestas desde este sector para generar una reforma política que termine con la inflación partidaria.

Con la afiliación en la mano

Uno de los que más trabajó el tema es el diputado justicialista Jorge Landau. Según su diagnóstico, parte del problema es la proliferación de partidos de baja representatividad, que confunden al electorado a la hora de entrar al cuarto oscuro. Por eso, el legislador bonaerense presentó un proyecto de ley para establecer la caducidad de partidos que no cumplan determinados requisitos:

En primer lugar, para inscribirse legalmente deben juntar un cuatro por mil de avales. Pero luego, dice el proyecto de Landau, deberán conseguir ese mismo número de afiliados, que deberá ser verificado anualmente por la Justicia. Vale aclarar que eso representa más de 100.000 afiliados, algo difícil de lograr para los partidos más chicos.

También establece que “solamente pueden registrar candidatos aquellos partidos que hayan constituido sus autoridades definitivas de conformidad con lo previsto por la propia ley”, según explica el legislador en sus fundamentos.

Los partidos serían considerados nacionales, siempre y cuando estuvieren inscriptos en al menos cinco distritos.

Todos aquellos partidos que no cumplan esos requisitos verán caducada su personería jurídica. Lo mismo sucedería con aquellos que no realizaran elecciones partidarias por cuatro años, que no se presentaran a tres elecciones consecutivas sin causa justificada o los que no alcanzaren el 2% del padrón electoral en ningún distrito.

¿Qué pretende en el fondo este proyecto? Landau no lo dice, pero básicamente su propuesta busca limitar la proliferación de sellos partidarios sin sustento real: en muchos distritos del país el kirchnerismo triunfó gracias a eso. En los casos en que no tenía garantizado un triunfo (porque el liderazgo del PJ estaba en manos de otro) utilizó una serie de sellos electorales, conformaba alianzas bajo el nombre Frente para la Victoria y salía a competir. Hizo esto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en 2005, donde el PJ era liderado por Eduardo Duhalde.

El mecanismo previsto por Landau además conlleva otra ventaja: durante la campaña 2007, el FpV adujo la imposibilidad de firmar una declaración jurada sobre sus ingresos y gastos de campaña, porque era imposible controlar a todos los partidos que apoyaban esa alianza. Es decir, la proliferación exacerbada de partidos genera mayores capacidades para infringir la ley de financiamiento político, dado que se terminaría con los sellos electorales, vacíos de afiliados que sólo sirven para “hacer caja”.

Junto con este proyecto madre, Landau presentó otros dos. El primero apunta justamente a la cuestión financiera y establece que los comités centrales de cada partido deberán tener siempre disponibles los libros contables, y de actas y resoluciones. Deberán estar rubricados y sellados por el juez federal con competencia electoral correspondiente. Además, los comités de distrito deberán tener a disposición de la Justicia el fichero de afiliados. El último proyecto del “Paquete Landau” regula la figura de las alianzas electorales, legislando en base a la jurisprudencia existente en la Argentina.

¿Cuál es el problema de esta serie de iniciativas? Básicamente, que exige una afiliación y un piso de votos demasiado alto para mantener la figura jurídica.

Existen muchos partidos con importante representación electoral que quedarían afuera. ¿Cuántos afiliados tiene el PRO de Mauricio Macri? ¿Cuántos tiene el ARI? ¿Cuentan estos partidos con la estructura necesaria para revalidar sus afiliaciones año a año? El ARI tiene sólo 48.063 afiliados; Recrear tiene 59.163. El PRO (Compromiso para el Cambio) tiene 27.288 afiliados.

Esto podría generar una vuelta al bipartidismo pero de manera obligada: muchos partidos con votos no llegarían a validar sus personerías jurídicas y muchos partidos sin votos -pero con representación en el espectro ideológico- también se verían deslegitimados.

Más allá de la ley

¿Por qué no encarar la reforma política si desde este Gobierno se avanzó en otros reclamos de la sociedad? Básicamente por dos motivos: el primero, la conveniencia personal del oficialismo de turno. Si así están bien, ¿para qué cambiar? Pero en segundo término hay una cuestión de realidad: ningún proyecto de ley que esboce una reforma política parecía satisfacer a los actores. Por ejemplo, un reclamo generalizado que es la eliminación de las listas sábanas, tendría como contracara la eliminación de las minorías del Parlamento.

Algo similar sucedió cuando se intentó la implementación de internas abiertas y obligatorias: hubo que derogarlas a los pocos años porque su implementación resultó difícil y no resolvió los problemas que supuestamente venía a solucionar.

El problema con las reformas electorales o políticas es que no se puede resolver sólo legalmente la falta de representatividad de las estructuras vigentes. Por cada reforma posible, habrá cientos de objeciones, en tanto y en cuanto no se solucionen las cuestiones de fondo. En este caso, la clave parece ser cómo fortalecer a los partidos existentes y dotarlos de sentido por fuera de los procesos electorales.

Y a la vez generar mecanismos de transparencia de modo de que tener un “sello partidario” deje de ser un negocio; que aquel que quiera fundar un partido lo haga con la convicción de que ésa es la herramienta correcta para cambiar la realidad.