El Senado bonaerense presidido por Verónica Magario, terminó el trámite parlamentario de una iniciativa que otorga facilidades financieras, suspende la ejecución de sentencia de desalojos y cortes de servicios públicos.
El proyecto de ley denominado de emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas dispone la asistencia para las cooperativas que se vieron afectadas por las crisis económicas, otorga facilidades financieras, y suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos.
La iniciativa tiene aplicación efectiva en el territorio provincial y, en su versión original, busca una prórroga de cinco años más como posibilidad de extender los beneficios un año más si el Poder Ejecutivo así lo estime oportuno.
La vigencia de la Emergencia será por “el término de dieciocho meses a contar a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por el Poder Ejecutivo por única vez y por un año, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado”.
Como se sabe, no es la primera vez que los legisladores bonaerenses se enfrenta a la cuestión, pues se trata de un proyecto de ley sancionado en 2022 pero se dictaminó su vigencia por el término de dos años.
Ahora, el proyecto de ley sancionado; que fue presentado por la diputada mandato cumplido del Movimiento Evita, Patricia “Colo” Cubría, que dejó su banca en 2023; fue acompañado por prácticamente la totalidad de los legisladores en sendas Cámaras legislativas, más allá de alguna excepción en la Cámara baja.
Trabajadores de Empresas Recuperadas festejando la sanción de la ley en el Senado bonaerense.
La experiencia argentina de empresas recuperadas tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires, donde surgió con mayor fuerza a partir del proceso de crisis económica y social que tuvo su mayor síntoma en el año 2001, en la cual se intentó dar una respuesta con la sanción de la Ley 13828, que no logró, sin embargo, resolver varios de los problemas planteados en su momento.
Sin perjuicio de ello, la experiencia desarrollada por las empresas recuperadas es tomada como ejemplo en todo el mundo, ya que no solo redunda en la defensa del trabajo y la producción, sino también en la generación de espacios de acceso a derechos allí donde el Estado llega con respuestas escasas.
“La difícil situación actual pone en serio riesgo a estas empresas como fuentes productivas y de acceso a derechos para sus integrantes y para la comunidad en general”, se consigna en la última redacción de los fundamentos de la iniciativa sancionada.
Cabe consignar que hay casos de empresas recuperadas consolidadas en el tiempo, pero también casos que se han sumado como consecuencia del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras por sostener los puestos de trabajo genuino en este “actual” grave escenario, pospandémico.
“La crisis económica del país en los últimos años ha afectado con gravedad -y sigue haciéndolo- a los sectores productivos en general y a las empresas recuperadas en particular”, resulta ser la punta de la argumentación que le da viabilidad al proyecto de ley.
La iniciativa también declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras, como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en crisis o proceso de quiebra, privilegiando los bienes necesarios para tal fin, según las normativas complementarias.
Se encuentran alcanzadas por la ley de Emergencia sancionada las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o cierre por cualquier causa.
Como una de las características significativa de la norma, se estipula la suspensión durante la vigencia de la emergencia declarada, de todas las acciones judiciales, trámites y diligencias, en el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad ordenar y ejecutar el desalojo de Empresas Recuperadas.
Por último, en el articulado de la iniciativa, que fue sancionada por unanimidad por los senadores, se consigna la suspensión, durante la emergencia declarada, los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales.
La vicegobernadora Verónica Magario junto a los secretarios Legislativo y Administrativo.
Se detalla que los prestadores de servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales deberán otorgar planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas por la emergencia, conforme las pautas que establezcan el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua, en su carácter de órganos de control de la prestación de los servicios.
